ALONSO TIMÓN, ANTONIO J.
La aprobación el pasado 8 de noviembre de la Ley de Contratos del Sector Público culmina parcialmente la transposición de las Directivas comunitarias en materia de contratación pública del año 2014. Concretamente, esta norma incorpora a nuestro ordenamiento las Directivas 2014/23 (Directiva de concesiones) y 2014/24, quedando únicamente por incorporar la Directiva 2014/25 (Directiva de sectores excluidos), que afectará a la todavía vigente Ley 31/2007.
La reciente entada en vigor de la Ley 9/2017 el pasado 9 de marzo de 2018 aconseja el análisis de los aspectos sustanciales sobre los que la nueva norma introduce novedades de diferente calado. Podemos destacar como señas de identidad de la nueva Ley la apuesta por el mayor y más riguroso cumplimiento de los principios esenciales de la contratación pública (especialmente el principio de transparencia), la apertura de los mercados de la contratación pública a las PYMES, el incremento de los requisitos de publicidad, la profundización en la senda de la desmaterialización de los procedimientos de contratación mediante la utilización de las TIC como forma de reducción de costes o las novedades importantes introducidas en ámbitos sensibles como el procedimiento negociado (denominado ahora procedimiento con negociación) o los modificados contractuales, donde se recogen las líneas básicas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuales ya habían sido incorporadas en parte por España desde el año 2011 pero que, ahora de forma obligada, se tienen que adaptar a las previsiones de la Directiva. Todo ello es tratado en el libro que ahora se presenta, donde se pretende exponer de manera clara y sencilla las novedades más importantes que la Ley 9/2017 introduce en los ámbitos más relevantes de la contratación pública. El esfuerzo era obligado si se tiene en cuenta que los mercados de contratación pública son cada vez más complejos y suponen el 20 % del PIB a nivel europeo, por lo que el buen entendimiento y el mejor funcionamiento de los mismos redundará en el objetivo básico y fundamental que persiguen las Directivas comunitarias en la materia: la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
