El Régimen Jurídico del Transporte de Viajeros Bajo Demanda en Vehículos de Turi
Roman Marquez, Alejandro
El presente trabajo aborda, por vez primera, la regulación de los servicios de taxi y VTC desde una perspectiva conjunta, constituyendo su objeto de estudio la regulación integral de ambas figuras. En este obra se exponen las cuestiones fundamentales de esta modalidad de transporte -como su controvertida naturaleza jurídica o su relación con la economía colaborativa y los servi...
Sinopsis
El presente trabajo aborda, por vez primera, la regulación de los servicios de taxi y VTC desde una perspectiva conjunta, constituyendo su objeto de estudio la regulación integral de ambas figuras. En este obra se exponen las cuestiones fundamentales de esta modalidad de transporte -como su controvertida naturaleza jurídica o su relación con la economía colaborativa y los servicios de la sociedad de la información-, se analiza en profundidad el régimen jurídico de los servicios de taxi y VTC en el ordenamiento jurídico estatal, autonómico y local, realizándose un recorrido cronológico desde su regulación inicial hasta la situación actual, dándose cuenta de las principales modificaciones acontecidas durante las últimas décadas y exponiéndose los principales elementos de su régimen jurídico -como el reparto constitucional de competencias en la materia, los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad, los requisitos de vehículos y conductores, o su régimen económico-financiero-; y, finalmente, se estudian varias cuestiones con una influencia determinante en la actual configuración legal de la actividad del transporte de viajeros bajo demanda en vehículos de turismo, como la política de transportes de la Unión Europea, la regulación de las plataformas online que intermedian en estos servicios o el proceso de adaptación de la normativa reguladora de los servicios de taxi y VTC a los principios de la Directiva europea de servicios. La finalidad del presente estudio es, en definitiva, aportar algunas conclusiones útiles que contribuyan a la mejora de los aspectos cruciales de su régimen jurídico, como la seguridad jurídica de los operadores del sector, la racionalidad y coherencia de la regulación, la protección de determinados objetivos de interés general y de los derechos de los usuarios, o su adecuación a las exigencias derivadas del derecho constitucional a la libertad de empresa y de las libertades económicas amparadas por el Derecho de la Unión Europea.
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