La represión del dopaje en el ámbito del deporte es un enorme problema deportivo que se ha convertido, recientemente, en un relevante problema para el legislador. Los Estados se sienten en la obligación de incorporar a sus Ordenamientos un conjunto de determinaciones y de procedimientos para la lucha contra el dopaje que, a menudo, tienen un difícil encaje en el ámbito de las regulaciones públicas donde los valores de defensa de la esfera de libertad y de integridad física constituyen elementos centrales de los derechos que aseguran al conjunto de los ciudadanos. Durante algún tiempo se ha pensado que la intervención pública encontraba su justificación en la defensa de la salud pública. Muchos países, entre ellos España, han introducido referencias, incluso penales, para prevenir las prácticas de dopaje. Estos esquemas se mantienen, pero ya al margen de la lucha real contra el dopaje en el deporte de competición que se ha centrado en la infracción de las reglas de juego mediante el aumento de las capacidades físicas de forma artificial.
